Los cuadernos de las coimas constituyen el enésimo ataque del “partido judicial” y de los medios dominantes contra la cabeza del movimiento político que más desafió el poder de las corporaciones: con matices, esta sería la lectura de Cristina Fernández de Kirchner sobre la megacausa de corrupción que la sindica como cabecilla de una asociación ilícita montada para robar fondos estatales. El aluvión de evidencias, y de incriminaciones formuladas por empresarios y ex funcionarios arrepentidos, entre ellos el tucumano José López, no lograron mover a la ex Presidenta de la estrategia que adoptó cada vez que la Justicia avanzó en las causas penales que la involucran. Esa postura se intensificó a partir de diciembre de 2015, cuando abandonó la Casa Rosada sin asistir al acto de traspaso de los atributos de mando.

La “bomba” de los cuadernos colocó decididamente a la ex mandataria en la misma senda que recorrió Lula da Silva, el representante de la “nueva izquierda latinoamericana” -corriente populista de alcance regional para sus detractores- que gobernó Brasil en la época en la que el kirchnerismo lo hizo en Argentina. Ambos se consideran a sí mismos emblemas de la integración de los marginados; de la redistribución de la riqueza y de la ampliación de los derechos, y víctimas de los “intereses concentrados” que se oponen al ascenso de los sectores populares.

Tanto Fernández de Kirchner como Lula sostienen que padecen las agresiones de los enemigos del pueblo. En el caso argentino, la teoría conspirativa resiste aunque las bitácoras del chofer Oscar Centeno hayan complicado a Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri que dominó la constructora Iecsa, y proyecten sus tentáculos sobre el propio padre del jefe del Estado, el empresario Franco Macri. El discurso ideológico sustituyó la rendición de cuentas y la demostración de la inocencia alegada en la tribuna política. Pero ese anclaje no funcionó en la esfera procesal penal. Así, Lula terminó en la cárcel por las repercusiones del “Lava Jato”, investigación colosal que, también gracias a las delaciones premiadas, permitió reconstruir las operaciones corruptas que ejecutó durante años el conglomerado político y empresario de aquel país. Las similitudes del “Lava Jato” con los cuadernos de las coimas son evidentes en cuanto revelan las entrañas de un sistema aceitado y consolidado para el desvío de fondos públicos.

Las constataciones judiciales no amedrentaron al Partido de los Trabajadores, que agotó todos los resortes para llevar a Lula como candidato presidencial en los comicios de este año. Recién al filo del vencimiento de los plazos, el líder encarcelado dio un paso al costado y designó al delfín Fernando Haddad, que tiene chances de derrotar al populista de derecha que encabeza la intención de voto: Jair Bolsonaro. ¿Qué pasaría si, en una eventual segunda vuelta, Haddad ganara las elecciones? ¿Podría indultar a Lula y pulverizar la condena de prisión que recibió como consecuencia de la adquisición de un triplex en Guarujá que, según el juez federal Sergio Moro, no pudo justificar?

Ni una prueba

Al igual que el jefe del Partido de los Trabajadores, Fernández de Kirchner no se “quiebra” frente al círculo judicial que se estrecha sobre su persona, y alienta proyectos de regreso al Poder Ejecutivo Nacional valiéndose de un porcentaje de apoyo “fijo” y “duro”, y de los retrocesos económicos que estropean la imagen del oficialismo (otra de sus convicciones es que el Gobierno pretende tapar su mala praxis con crónicas policiales sobre la administración anterior). Tanto en Brasil como en Argentina, la inestabilidad política y la inseguridad jurídica han repercutido con ferocidad sobre los ingresos y el crecimiento del producto bruto interno. En estas circunstancias, la ex Presidenta se verá obligada a vivir la campaña electoral en una sala de juicio oral de los Tribunales Federales de Comodoro Py. Sea o no candidata, tendrá que sentarse en el pupitre de los acusados como antes lo hizo su vicepresidente hoy preso, Amado Boudou.

Fernández de Kirchner afronta seis investigaciones que indican que habría cometido delitos (se informa por separado). A diferencia de Lula, logró neutralizar la prisión preventiva con los fueros de senadora (se informa por separado). Pero ese blindaje podría ceder si alguna eventual condena quedara firme o si el Partido Justicialista que impide el avance de los desafueros solicitados por el juez Claudio Bonadio cambiara de opinión por “conveniencias electorales”. Según el dirigente social allegado al papa Francisco, Juan Grabois, sería un “golpe de Estado preventivo” que Cristina Kirchner terminara presa. En línea con esa doctrina, los abogados Carlos Beraldi y Gregorio Dalbón preparan la “internacionalización” de los juicios con el objetivo de que líderes afines como Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia) y Vladimir Putin (Rusia) ayuden a exponer la “violación de garantías” que padecería su clienta.

Cristina Kirchner no contesta preguntas ni da explicaciones a la Justicia. En la causa de los cuadernos, la senadora recusó a Bonadio -sin suerte- y presentó un escrito en el que dijo: “la investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar de haber arrasado todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal, no ha conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”. Persuadida de que en los Tribunales sólo le espera una suerte adversa, la imputada apuesta, al igual que el “compañero” Lula, a que la ciudadanía la absuelva. Tal hipótesis postula que el Código Penal jamás podría contradecir una victoria en las urnas.

OPINIÓN

La “cleptocracia” kirchnerista fue una fase superior del saqueo del Estado

Por Luis Alberto Romero - Historiador

Cuando la opinión pública se conmueve por un acontecimiento como el generado por los Cuadernos, y piensa en su excepcionalidad, el aporte del historiador consiste en colocarlo en perspectiva, relacionarlo con procesos anteriores y entenderlo mejor, quizá a costa de sacarle algo de su dramatismo.

En primer lugar, el saqueo kirchnerista se ubica en la larga historia de la relación entre el Estado y los intereses organizados, grandes o pequeños. En un tiempo tuvimos un Estado potente pero, a la vez, muy generoso con quienes reclamaban algún privilegio, bien fuera presionándolo públicamente, bien ganándose el favor de los funcionarios que tenían que decidirlo. Cuanto más gordo era el Estado más margen había para estos reclamos; a la vez, cuanto menos musculoso, más fácil les era conseguirlos. Este mecanismo se potenció en los años noventa, con el desguace del Estado de Menem, la “carpa chica” y el “robo para la Corona”, bien recordados.

En esta línea, con el kirchnerismo hubo un salto cualitativo hacia una fase superior. Hasta entonces el Estado y sus funcionarios eran la parte pasiva y receptora, en una relación en la que la iniciativa correspondía a los grupos de interés o las empresas. Desde 2003, la iniciativa pasó al grupo político que controlaba el Estado -un matrimonio, en realidad- y que organizó el fantástico plan de saqueo sistemático que hoy tenemos delante de nuestros ojos. Los empresarios fueron una contraparte menor, casi ancilar, salvo en el rubro de la construcción. En el resto, fueron empresarios recién llegados o periféricos, como Báez, López, Eskenazi o Rudy Ulloa, subproductos del régimen. Tan novedoso y sistemático fue el régimen, que merece un nombre nuevo y quizás una categoría conceptual para que la estudien los politólogos. Algunos hemos propuesto la de “cleptocracia”.

En segundo lugar, el gran saqueo se relaciona con la columna vertebral del Estado: el funcionariado público, su capacidad de gestión y, sobre todo, de control. Gestión significa actuar eficientemente, ejecutar las políticas trazadas por los gobiernos y controlar el desempeño de los actores, particularmente los relacionados con los servicios públicos. Esto requiere saberes, acumulados y transmitidos en sus agencias y oficinas. El control, vinculado con el Estado de derecho, se refiere a las tareas de policía y de justicia, y también a la supervisión de los gobernantes, la defensa de la ley y de los procedimientos y la denuncia pública de sus violaciones. Esto requiere, además de saberes, probidad y ética burocrática, que es el fundamento del servicio público.

Hubo una etapa de nuestro Estado que recordamos con nostalgia. Quizás hasta mediados de siglo, o hasta 1970, su potencia y eficiencia pesaban más que los problemas generados por colusiones indebidas. Pero desde 1976 todos los gobiernos, por acción o por omisión (es el caso de Raúl Alfonsín) se propusieron achicar el Estado, desgastarlo, descalificar su personal, reducir su capacidad de control y deteriorar las bases éticas de su burocracia. Cuanto más se achicaba esta dimensión del Estado, más poder se concentraba en manos de los gobiernos.

El punto máximo de la concentración del poder y del decisionismo ocurrió, otra vez, durante los años kirchneristas. La subordinación y hasta el basureo de todo lo que tuviera que ver con normatividad institucional y con funcionarios dedicados a sostenerla llegó a su punto máximo. Esto incluyó a los jueces y en general al Poder Judicial. Cuanto más se avanzaba en esa línea, más pequeño era el respeto y la confianza social en el Estado de derecho y el gobierno de la ley.

Reparar estas cosas es una de las grandes tareas que este gobierno y los que vengan deberían enfrentar. Requieren mucha voluntad política y también poder, dos capacidades de futuro incierto.

Pero también se requiere -y no es un aporte menor- el respaldo activo de la opinión y de la sociedad. Quizá la espectacularidad de la revelación pormenorizada de cosas que ya sabíamos de manera más general contribuya a conmoverla y movilizarla durante el tiempo que se necesita para que las maltrechas instituciones se recuperen.

La agenda de la imputada

Dólar futuro

El juez Claudio Bonadio elevó a juicio oral esta causa en marzo del 2017. El Tribunal Oral N°2 debe poner fecha al enjuiciamiento.

Memorándum con Irán

El juez Bonadio elevó a juicio oral la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA en la que están imputados la ex Presidenta y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros.

Obra pública direccionada

El juez Julián Ercolini imputó a la ex mandataria como jefa de una supuesta asociación ilícita montada para direccionar obras públicas al empresario Lázaro Báez. Fernández de Kirchner enfrentará su primer juicio el 26 de febrero. El Tribunal Oral Federal N°2 presidirá la audiencia.

Los Sauces

El juez Ercolini procesó a la ex Presidenta por el supuesto alquiler de propiedades a los empresarios Báez y Cristóbal López. El caso tiene un pedido de elevación a juicio.

Hotesur

El juez Ercolini procesó a la ex Presidenta y a sus hijos con la sospecha de que estos habrían recibido dinero proveniente de la corrupción por medio del negocio hotelero.  

Cuadernos de las Coimas

El juez Bonadio procesó a la senadora junto a cuatro decenas de ex funcionarios y empresarios por la existencia de un mecanismo de retornos con eje en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. La decisión debe ser revisada por la Cámara Federal de Apelaciones.